Iniciativas como los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos y los Principios Rectores de Naciones Unidas han establecido los lineamientos para el adecuado relacionamiento de las empresas del sector Minero-Energético con los proveedores de seguridad pública y privada, de modo que se garantice el respeto a los derechos humanos de las comunidades y demás actores que hacen presencia en el entorno de las operaciones.

 

Sin embargo, la complejidad en materia de derechos humanos y seguridad que se evidencia en muchas regiones, ponen de manifiesto la necesidad de llevar el compromiso de las empresas más allá de la gestión de riesgos, posicionándolas como un actor que debe tomar un rol activo en la prevención y mitigación de los riesgos, no solo por demostrar debida diligencia respecto a los impactos que se desprenden de su operación, sino bajo la comprensión de que existe una corresponsabilidad de todos los actores que hacen presencia en un territorio alrededor de los riesgos que comparten.

En este sentido, la gestión de la seguridad no significa únicamente evitar afectar los DD.HH de las comunidades y otros actores del entorno, sino una participación de las empresas en la consolidación de planes y estrategias territoriales que permitan actuar sobre las causas de los problemas de seguridad ciudadana y orden público, con el objetivo de mejorar no solo su propia seguridad, sino contribuir a la consolidación de escenarios con mejores condiciones de seguridad en el territorio en el que operan.

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