Los Principios Rectores de Naciones Unidas destacan que su aplicación en el territorio no debe ser discriminatoria y que debe prestar especial atención a las necesidades o particularidades de grupos poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad. Señalan que por su parte el Estado debe señalar claramente lo que espera de las empresas, por ejemplo, frente a su debida diligencia en materia de derechos humanos, y la forma en que puede abordar “cuestiones de género, vulnerabilidad y/o marginación de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias”.

 

De otra parte, señalan que el marco de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, se refiere a todos los derechos internacionalmente reconocidos, los enunciados en la Carta Internacional de DDHH y los relativos a la Declaración de la OIT; instrumentos que incluyen la protección de grupos vulnerables con fueros diferenciados tales como los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias.

Frente a esta perspectiva, el sector privado desempeña un papel fundamental para la eliminación de la discriminación y la desigualdad, en la medida en que adopte medidas diferenciadas para gestionar los posibles impactos de su operación, e incluso, garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y crear ambientes de trabajo inclusivos. Estas acciones no sólo contribuyen a la efectividad de la protección de los derechos humanos de acuerdo a los tratados internacionales y los Principios Rectores, sino que contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la igualdad de género (Objetivo 5), el trabajo decente y el crecimiento económico (Objetivo 8), y la reducción las desigualdades (Objetivo 10).

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