Los procesos de Justicia Transicional y el marco jurídico ordinario, carecen de una normativa que obligue a las empresas que han violado DD.HH. a reconocer su responsabilidad en los hechos y reparar a las víctimas. Lo anterior se presenta como una barrera para garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas y dificulta la construcción de relaciones sociales que propendan por el desarrollo integral del territorio, debido a que las empresas pierden reputación y legitimidad para operar.

 

En un escenario donde se hace necesario que las empresas reconozcan su posible responsabilidad en la violación de DD.HH. y reparen a quienes fueron afectados, el camino a seguir es el de trabajar en la construcción de relaciones basadas en la confianza con todos los actores del entorno, para poder gestionar el pasado, así como convivir y trabajar de la mano con el Estado y los ciudadanos.

 

De esta forma, cuando llegue el momento de que las empresas puedan aportar al esclarecimiento de conductas vulneradoras de DD.HH., las relaciones sólidas entre todos los actores permitirán que las reparaciones se construyan de manera conjunta para garantizar efectivamente los derechos y necesidades de las víctimas. En este sentido, la reparación va a aportar realmente a la reconciliación y convivencia.

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