Sin embargo, esta masiva toma de conciencia e incidencia ha permitido ver las brechas en materia de compromisos en el nivel de las juntas directivas y las instancia más altas de gobierno corporativo; o sea, en las determinaciones que materializan los compromisos de empresas con los PRNU.​

La incidencia de los Principios Rectores de Naciones Unidas (PRNU) en la política pública así como en procesos de empresas ha desbordado, en opinión de muchos, las más optimistas expectativas.  En efecto, una mirada retrospectiva al periodo transcurrido desde 2011 cuando se dio la aprobación unánime en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al documento de PRNU, muestra un ritmo de toma de conciencia y acción no visto en varias décadas anteriores a esta fecha en materia de derechos humanos y empresas, especialmente en cuanto a las dimensiones de respeto y protección. Los PRNU son ahora el ADN de guías de organismos multilaterales y han sido integrados como “soft law”  en estándares rectores de muchos sectores, por ejemplo Guías de OECD, estándares de la Corporación Financiera Internacional. Mención especial requieren los Planes Nacionales de Acción (PNA)  formulados y adoptados por muchos países.

Una reciente encuesta a directores jurídicos de corporaciones multinacionales, aplicada en 34 países en diez sectores, mostraba que el 33% reportan de alguna forma refiriéndose a los PRNU,  el 47% exigen a proveedores algún tipo de compromiso con derechos humanos. Si bien esto representa un avance, el 43% de los encuestados califican bajo a los presidentes de juntas y ejecutivos más altos por no actuar de manera decisiva en materia de derechos humanos.

 

El papel decisivo que juegan las juntas directivas ha sido objeto de atención y acción: por una parte varios reportes señalan el papel esencial que juegan las juntas directivas para asegurar que los compromisos se materialicen, y por otra, gobiernos y legislaturas de varios países han incorporado en sus planes de acción decisiones para que la autoregulación y su compromiso se cumplan, so pena de transformarla en debida diligencia obligatoria como en el caso del PNA Alemán. Mención especial requiere el caso de la ley Francesa de Febrero de 2017 que eleva la debida diligencia a deber de vigilancia de las empresas.

 

Este conjunto de iniciativas sumadas a otras como en Suiza, Australia, Países Bajos, entre otros, nos muestran una tendencia en donde el deber de cuidado se extiende a los derechos humanos, y la prevención de riesgos de vulneraciones a éstos se vuelve también una forma de proteger a los inversionistas y al patrimonio de las empresas. Lo anterior, debido a que la gestión corporativa integra las consecuencias de no atender en forma oportuna y completa las potenciales afectaciones a derechos.

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