Erradicación de conexiones entre economías lícitas e ilícitas como mecanismo de prevención de violaciones a los Derechos Humanos.

​La creciente globalización de la economía y la desregulación de los mercados financieros exige que el Estado y las empresas tomen medidas adicionales para evitar la conexión entre economías lícitas e ilícitas, a través de prácticas como el lavado o blanqueo de dinero, la corrupción en obras públicas, el contrabando, entre otras.

Algunos sectores económicos son más vulnerables que otros, ya sea por su operación en territorios afectados por conflictos armados o sociales, por su alto flujo de dinero en efectivo o por la débil regulación y presencia del Estado. De igual forma, el mercado financiero transnacional es altamente permeable, por su creciente desregulación. Así, sectores de la economía legal pueden ser especialmente vulnerables a facilitar o contribuir a la violación de los derechos humanos, pues sirven como canal para el crimen organizado y las economías criminales.

Por tal razón, el reto que se presenta para los Estados y las empresas es el de encontrar medidas efectivas que permitan prevenir y contrarrestar esta conexión, facilitando espacios de investigación para este campo poco explorado y complementando el tradicional enfoque de persecución criminal con la toma de medidas claras y contundentes para reducir la vulnerabilidad de la economía legal, especialmente en economías donde un importante porcentaje de su Producto Interno Bruto proviene de actividades ilícitas. 

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