La evolución de las dinámicas sociales se ha visto fuertemente marcada e influenciada por el desarrollo de la tecnología y los servicios que ofrece para adecuarse a las necesidades de un entorno globalizado, cosmopolita y multitarea.  El aumento acelerado de interacciones mediante plataformas digitales para acceder a bienes y servicios como consumidores y de relaciones entre estas plataformas y quienes desempeñan sus servicios en el marco de esta, son características propias de esta evolución. Estas relaciones se han caracterizado por el aumento de la productividad de la población debido a la optimización del tiempo laboral y personal, el acceso a bienes y servicios en cualquier momento y lugar y por ser una oportunidad de negocio que interconecta necesidades con soluciones en constante crecimiento, además de permitir la participación de particulares en sus beneficios económicos, conocidas como Economías Colaborativas.

​

No obstante, esto también ha conllevado a poner en riesgo los derechos de los consumidores quienes no conocen con claridad los términos y condiciones de los servicios que emplean, no cuentan con canales de información y reparación frente a las plataformas digitales y generalmente las legislaciones son débiles frente a su regulación en el territorio. Asimismo, han conllevado a la disolución de relaciones que de otra forma serían laborales, pues quienes prestan los servicios ofertados por la plataforma a cambio de una remuneración, no cuentan con garantías que los protejan de formas contemporáneas de explotación laboral.

 

En este contexto, se presentan diversos retos tanto para los Gobiernos como para las empresas que prestan sus servicios en distintas plataformas digitales, frente al adecuado respeto y protección de los derechos humanos en todos los campos en los cuales puedan ponerse en riesgo o verse potencialmente afectados, ya sea por acción u omisión de los actores, por ausencia de procesos de debida diligencia adaptadas al desarrollo de actividades económicas digitales, por legislación deficiente o inexistente en la materia o por la falta de conocimientos e información sobre los impactos negativos que este modelo de Economía Colaborativa puede causar sobre los DD.HH.