Los contextos de Justicia Transicional ofrecen distintos mecanismos para que el sector empresarial pueda aportar a la consolidación de la paz y/o el desarrollo integral de los territorios. Asimismo, se presentan como una oportunidad para la reconstrucción de relaciones sociales basadas en la confianza y la adopción de compromisos para el respeto de los DD.HH., las garantías de no repetición, y el acceso a mecanismos de remedio por parte de las víctimas.

 

Las empresas suelen contribuir en términos económicos (materiales) al desarrollo de dichos mecanismos. Sin embargo, para la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, es fundamental su participación en mecanismos judiciales y no judiciales (de carga altamente simbólica), especialmente donde ha habido responsabilidad en la vulneración de derechos. Estos mecanismos generan incertidumbre en las empresas, y algunas consideran que pueden implicar riesgos para su operación.

 

Por lo anterior, se presenta como reto para las empresas la identificación de las consecuencias negativas sobre los DD.HH. que hayan provocado o contribuido a provocar por medio de su operación y, por consiguiente, la aceptación de responsabilidad para así cumplir con su deber de brindar reparaciones efectivas en donde haya ocasión. Lo anterior también puede promover la creación o el fortalecimiento de las políticas empresariales de respeto a los DD.HH. y de mecanismos de debida diligencia.