La situación de DDHH en Venezuela ha llevado a que millones de personas se desplacen por el continente en búsqueda de nuevas oportunidades de vida y especialmente de la protección y garantía de sus derechos. Este fenómeno de migración ha conllevado al cambio de dinámicas sociales, económicas e incluso políticas en diversos países como Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, entre otros.

 

Además de la garantía de los derechos a la salud, alimentación y vivienda, los gobiernos se enfrentan al desafío inmediato de la empleabilidad de migrantes venezolanos, quienes no cuentan con los medios mínimos de subsistencia, y en general, debido a las diversas políticas migratorias instauradas para regular el tránsito fronterizo, no cuentan con la documentación ni cumplen los requisitos para desempeñarse formalmente en un empleo.  Frente a esta realidad, la población migrante se ha visto en la necesidad de aceptar trabajos precarios, que no cumplen con las normas mínimas laborales en relación con el salario, seguridad social y riesgos laborales, enfrentándose a la informalidad y explotación laboral o a contratos irregulares con pequeñas y medianas empresas.

 

Por lo anterior, los gobiernos de la mano del sector privado se encuentran frente al reto de adquirir un rol activo en el desarrollo de procesos adecuados para la integración de migrantes venezolanos a la esfera laboral de manera justa y respetuosa de sus derechos, regular la conducta de actores económicos públicos y privados que participan de estas dinámicas y asegurar la protección de los derechos de la población migrante mediante proyectos que aumenten las oportunidades de trabajos decentes y formales.