De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo – OMT el turismo representa más de 10% del PIB mundial, es el cuarto componente del comercio internacional y sus ingresos en la última década han aumentado en más del 200%. Este crecimiento ha implicado a su vez el desarrollo de múltiples actividades económicas que se asocian a esta industria, como construcción, transporte, alimentos, suministro de insumos, entre otros.  

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No obstante, este crecimiento ha sido poco planificado y se ha visto asociado al impacto de derechos humanos por la degradación de los entornos sociales que incluyen explotación sexual de NNA, precarización de las condiciones laborales y explotación laboral, expulsión de comunidades locales, deterioro de los ecosistemas e inexistencia de procesos de debida diligencia en su cadena de valor.  Por ello, desde hace varias décadas, se habla de la necesidad de trabajar por un turismo responsable y sostenible, en el que exista un balance entre las dimensiones ambientales, sociales y económicas de los entornos donde se quiere generar una actividad turística. Ejemplo de lo anterior se refleja en la Declaración de Cape Town (2002) sobre Turismo Responsable.

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El principal reto que tienen actualmente los Estados, para cumplir hacer frente a estos impactos está en el efectivo diseño de políticas públicas en turismo, donde se asegure que la inclusión de bienes y servicios locales se hará con base en un enfoque de derechos humanos, para así asegurar una efectiva protección de las poblaciones que serán receptoras de las actividades turísticas. Por su parte, las empresas enfrentan el reto de pasar de las declaraciones y adhesiones a sellos e iniciativas de calidad en turismo, a evidenciar acciones reales, concretas y contundentes donde el turismo que fomentan es responsable con el medio ambiente, sostenible para las comunidades locales, generador de desarrollo e inclusión social, y respetuoso de los derechos humanos de todos los que hacen parte de su cadena de valor.