El rol desempeñado por los líderes, lideresas y Defensores de Derechos Humanos es fundamental para la dignificación de las condiciones de vida, el fortalecimiento de formas sociales más plurales y democráticas, equitativas, justas, y para exigir el goce efectivo de derechos y libertades fundamentales. Reivindicaciones que se hacen necesarias en un contexto de desigualdades sociales y de ausencia de garantías para el ejercicio de derechos básicos como la vida, la integridad personal y la participación en la vida pública.

 

Por su parte, los crecientes desacuerdos entre la sociedad, las instituciones y actores económicos, y la necesidad de que las demandas sociales expresadas mediante la Protesta Social sean escuchadas por quienes están en la facultad de realizar cambios estructurales para reconfigurar el estado de cosas, hacen un llamado a la búsqueda de nuevos espacios de relacionamiento y diálogo, en los que se superen la estigmatización y prejuicios de los diversos actores y se logre la construcción de acuerdos de manera colectiva para la efectiva protección y respeto de los derechos humanos.

Frente a lo anterior, el Estado se enfrenta a grandes retos para asegurar la efectiva protección de los líderes y defensores de derechos humanos frente a las amenazas que enfrentan en los territorios, medidas de prevención apropiadas y oportunas para frenar la violencia que se ejerce contra ellos, ofrecer garantías reales para el ejercicio de los derechos a la participación y a la protesta social y atender a las exigencias sociales mediante mecanismos consensuados, es imprescindible que su actuar igualmente disponga del apoyo de otros sectores para la transformación positiva de escenarios, como lo pueden ser los actores económicos públicos y privados que juegan un rol fundamental en la sociedad.  

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