LANZAMIENTO DE DOCUMENTO
ACERCARSE AL CIUDADANO:
ELEMENTOS DE UN SISTEMA INTEGRAL DE REMEDIO NO-JUDICIAL EN EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

El fundamento de una paz basada en el ejercicio de derechos, parte por fortalecer y expandir el acceso a la protección de derechos y a la justicia para los ciudadanos, siendo estos el eje central para la discusión de una política pública con un fuerte énfasis en la prevención de conflictividades y de potenciales vulneraciones en el ejercicio de derechos.

 

En ese sentido, las investigaciones adelantadas por CREER en el territorio sobre tipologías de conflictos y de diagnóstico de la oferta dispuesta para la atención de ciudadanos, han puesto en evidencia que en la actualidad, el acceso a mecanismos de remedio y reparación  (incluyendo las actuaciones administrativas necesarias por parte de las agencias del Gobierno) representa un servicio parcial e incompleto, pues no llega a todo el territorio nacional, y aún en las zonas en donde se cuenta con presencia física de las entidades y/o instituciones con competencias para atender y resolver conflictividades e impulsar medidas para el restablecimiento de derechos, no siempre se consideran las dificultades de acceso de tipo geográfico desde los niveles de veredas, corregimientos e incluso municipios adyacentes, hacia las cabeceras municipales donde se concentra la oferta.

 

De este escenario surge la alta judicialización de los conflictos y el uso desmedido de instrumentos como la acción de tutela, pues en muchos casos representa la única alternativa legítima que conoce el ciudadano. Además, en muchas ocasiones se busca mediante esta vía expedita, dirimir conflictos que en ningún caso están vulnerando los derechos fundamentales y que, por el contrario, han generado congestión y entorpecimiento del aparato judicial, pretendiendo que por esta acción jurídica tengan una solución rápida y que les evite la solución pacífica de las controversias.

Frente a esto, debemos reconocer la necesidad de privilegiar la prevención de las conflictividades, particularmente a través de un enfoque integral de remedio que apunte a la prevención y la no-repetición de las situaciones que dieron lugar al conflicto, de modo que se ofrezcan soluciones de fondo integrales y satisfactorias a los ciudadanos, más allá de atender el caso a caso.

No pueden relegarse todas las problemáticas sociales al Estado y sus mecanismos judiciales. En la medida que una sociedad se complejiza también se complejizan sus instituciones y si no se adecuan las prácticas profesionales para atender a estas dinámicas, el ejercicio del derecho se torna pesado y arduo, y casi imposible de litigar de manera eficaz y efectiva, para dar respuesta a todos los contextos, necesidades y enfoques.

Es por ello que una visión integral del remedio implica un doble alcancel: contrarrestar o reparar los daños causados, y prevenir la repetición de nuevos daños sobre los mismos derechos. El remedio no judicial debe ser leído en clave de garantía de protección de derechos, esto es, debe ser capaz de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones empresariales, y en caso de que se materialice un daño, este deberá ser reparado.

 

Estos mecanismos abren una puerta más oportuna, expedita e incluso de soluciones integrales a los individuos, que les permite que sus derechos se vean amparados tempranamente.

Lo anterior nos invita a repensar las dinámicas de interacción frente al acceso a la justicia, involucrando la agenda de Empresas y DDHH bajo con una nueva visión de país, que apunta a una reivindicación general de derechos, y particularmente para aquellas comunidades que se han visto afectadas por el conflicto armado. Esto implica no sólo la superación de las necesidades básicas insatisfechas, sino derribar las barreras de acceso a mecanismos de remedio que han tenido que enfrentar históricamente estas comunidades, especialmente en las zonas rurales.

 

En consecuencia, la propuesta que presentamos desde CREER en línea el liderazgo que ha asumido la Consejería Presidencial para los DDHH de implementar el Plan Nacional de Acción y fortalecer el acceso a mecanismos de remedio, invita a una visión integral, amplia y autónoma para la resolución de conflictividades sociales, que, de manera concomitante a las actuaciones judiciales, permitan la debida y oportuna defensa y protección de derechos de los ciudadanos.

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