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Agendas e instrumentos gubernamentales para el ejercicio pleno de derechos en los procesos de planificación urbana y ambientes construidos

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y la cifra continúa en aumento, ya sea por crecimiento natural o por el desplazamiento de personas desde el campo. En Colombia y otros países de América Latina el fenómeno urbano se encuentra en constante transformación, no sólo por la aparición ininterrumpida de proyectos inmobiliarios, sino también por la consolidación de barrios subnormales, cinturones de miseria y la consecuente expansión de las ciudades. En este contexto, los planes de ordenamiento territorial se presentan como herramientas para la planificación y control de estos fenómenos, respondiendo al interés público y propiciando un desarrollo equilibrado con las mejores condiciones de vida para la población.

A través de dichas herramientas, las diferentes agencias territoriales y gobiernos definen el futuro habitacional de las ciudades, en donde deben garantizarse las condiciones suficientes para que las personas puedan gozar de una vida plena. Esto implica el aseguramiento de la provisión de servicios básicos de saneamiento, agua potable y energía eléctrica, la posibilidad de acceso a un transporte público eficiente y zonas verdes, condiciones de accesibilidad y habitabilidad dignas, localización en áreas libres de amenazas naturales, seguridad jurídica, facilidades de acceso a la vivienda para población vulnerable y, en general, de condiciones que permitan el goce efectivo de los derechos.

En este sentido, uno de los principales retos de la agenda estatal está en la superación de las barreras que permanentemente han impedido la equidad e igualdad en las ciudades y demás ambientes construidos. Nos referimos por ejemplo a las ocasionadas por el sector financiero para el acceso a vivienda y también a los procesos de especulación, corrupción, acaparamiento de tierras, intereses políticos, entre otros, que históricamente han involucrado a sectores públicos y privados. Para ello deben trabajar los gobiernos, así como los consorcios y empresas líderes en los procesos de urbanización para satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento.

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