ANÁLISIS DEL INFORME DE LA CIDH “HACIA UNA POLÍTICA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS (2017)”
DESAFÍOS PARA COLOMBIA Y
EL ROL DEL SECTOR EMPRESARIAL
ANÁLISIS DEL INFORME DE LA CIDH “HACIA UNA POLÍTICA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS (2017)”

En febrero de 2018 se celebró en Bogotá-Colombia el 167 periodo de sesiones de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales abordaron asuntos relacionados con los derechos a la alimentación, la salud, la protesta y la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como temas asociados a políticas de género y diversidad sexual, regulación del comercio de armas y violencia social y empresas y derechos humanos.

 

En el marco de las audiencias celebradas, se realizó el lanzamiento del informe elaborado por la Comisión titulado “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos (2017)”.

Desde 1998 el SIDH ha venido trabajando sobre lo que hoy denomina “política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos” en las américas, que, naciendo como un informe temático, se articula mediante informes de país que analizan de manera concreta los desarrollos de la región en este contexto. 

 

Este informe, además de recoger los principales asuntos de los informes anteriores (2006, 2011, 2013 y 2015), realiza un análisis de los sistemas nacionales de protección existentes en Colombia, Guatemala, México, Honduras y Brasil, y la situación actual de otros países de la región.

Para el caso colombiano se destacan en el informe  de una parte, las fortalezas y avances del país en lo que se refiere a la protección de personas, resaltando por ejemplo que Colombia fue el primer país en la región en adoptar un Sistema Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales (Ley 418 de 1997), lo que le ha permitido fortalecer el sistema de manera gradual mediante decretos, resoluciones y desarrollos jurisprudenciales hasta la fecha. Así mismo, sobresalen los esfuerzos del país en la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el cual también ha contemplado un componente importante de protección de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y personas que participan en política, todo ello teniendo en cuenta en gran medida las recomendaciones de la Comisión al respecto.

Desafíos para la protección de defensores de derechos en Colombia

De otra parte, la Comisión en su informe no ha desatendido las diversas denuncias de personas, organizaciones e instituciones internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, relacionadas con el número elevado de amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en un contexto post acuerdo. Frente a ello, la Comisión señala como desafíos para Colombia:

  • Nivel incrementado de riesgo para las vidas de quienes defienden los derechos humanos, el cual persiste en el contexto post acuerdo.

  • El activismo en derechos humanos ha generado persecuciones asociadas a la actividad de “grupos neo-paramilitares”, según afirman expertos y personas defensoras de derechos humanos.

  • Existe una presunta impunidad frente a las investigaciones penales que se adelantan contra los victimarios de estos actos de amenaza e intimidación de defensores y líderes[1].

  • Falta de perspectiva étnica y de género, y de contexto geográfico y regional en la evaluación de riesgos e implementación de medidas de seguridad- a pesar de los desarrollos legales y jurisprudenciales internos en la materia[2]-, de conformidad con el análisis de las solicitudes de medidas cautelares elevadas ante la Comisión Interamericana.

  • Los recursos otorgados como medidas de protección no atienden a las necesidades particulares de los solicitantes y presentan fallas técnicas y presupuestales en algunas ocasiones. Asimismo, los procedimientos administrativos internos de evaluación, entrega de recursos y adopción de medidas presentan retardos injustificados.

  • Se han llevado a cabo levantamientos de medidas de protección sin justificación aparente y sin consultar al solicitante con anticipación.

  • Hay prejuicios por parte de los agentes del estado frente a las labores de defensa de derechos humanos; y falta de conocimiento por parte de estos de la presunción constitucional de riesgo existente en el país.

  • A la fecha no se han implementado algunos mecanismos contemplados en el Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera, como la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Unidad de Garantías.

Recomendaciones de la CIDH para Colombia

Frente a estos desafíos y de cara a la realidad colombiana, la Comisión formuló las siguientes recomendaciones:

  • Consolidar una cultura de respeto frente a la labor de los defensores de derechos humanos a fin de erradicar progresivamente la estigmatización que históricamente han padecido. 

  • Fortalecer las políticas públicas para la protección de personas defensoras: medidas dirigidas a consolidar y legitimar de forma definitiva, el rol social de quienes defienden los derechos humanos.

  • Sensibilizar a los funcionarios públicos sobre el rol fundamental de los defensores de los derechos humanos para la democracia y la construcción de paz.

  • Garantizar la seguridad de jueces y fiscales y defensores de oficio que atienden los casos de amenaza y atentados en contra de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos.

  • Establecer protocolos específicos para la coordinación entre fiscales, unificación de investigaciones e impulso de las mismas para determinar patrones de ataques, que a su vez sean efectivas y sistemáticas.

  • Desarrollar una política pública para combatir la impunidad.

Recomendaciones de la CIDH para el sector empresarial

El informe señala que a nivel regional se ha identificado que actores empresariales, diversos agentes no estatales, grupos armados ilegales e incluso el Estado, han estado detrás de la interposición de acciones judiciales que pretenden la criminalización y la estigmatización de la labor de las personas defensoras, lo cual ha ocasionado la obstaculización y debilitamiento de la defensa de los derechos humanos. [Ci1] Asimismo, afirma que algunas empresas han estado involucradas en ataques e intimidaciones contra defensores, creando o exacerbando con ello la situación de riesgo de estas personas.

Frente a esta situación de involucramiento negativo de las empresas frente a la defensa de los derechos humanos, la Comisión ha resaltado que dentro de las obligaciones internacionales de los Estados se encuentra la de controlar las operaciones empresariales bajo su jurisdicción, lo cual implica el establecimiento de un marco legal, que les permita identificar posibles patrones  en contra de quienes ejercen la labor de defensa, y que prevea sanciones en contra de las empresas que estén implicadas. 

Aquí la Comisión realiza un importante llamado a los Estados para que en consideración a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, informen a las empresas sobre “el contenido del derecho a defender los derechos humanos”, sobre las responsabilidades que estas tienen, tanto positivas como negativas, en relación al respeto de estos derechos, y asegurar que estas “no utilicen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia para hostigar o impedir el trabajo de quienes defienden los derechos humanos”.

Al respecto, la Comisión ha señalado que la responsabilidad de las empresas incluye:

 

  • Abstenerse de provocar daños a personas defensoras de derechos humanos, restringiendo sus derechos, o interfiriendo en sus actividades legítimas.

  • Contribuir en la creación de un ambiente seguro y conducente para quienes defienden los derechos humanos.

  • Consultar y colaborar con los defensores para identificar, mitigar y remediar cualquier Impacto negativo que sus negocios puedan producir en los derechos humanos.

  • Asegurar que las empresas privadas de seguridad y contratistas actuando en nombre de la empresa no están involucrados en amenazas o ataques contra personas defensoras de derechos humanos.

  • No emplear acciones judiciales como herramienta para criminalizar, hostiga o impedir la defensa de los derechos humanos.

 

Algunas reflexiones

Como podemos ver, la protección de personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales continúa siendo un asunto de suma urgencia y relevancia para el Estado colombiano sin desconocer los avances que se han obtenido hasta el momento, y que para atender a esto es imperativo el reconocimiento público de la importante labor de todas las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos y el aporte que realizan para la consolidación del estado de derecho y el correcto desarrollo de la democracia, de lo cual se desprende la necesidad fundamental e inmediata de su protección.

De otra parte, también podemos concluir que el Estado, como primer garante de los derechos humanos, posee amplios deberes para garantizar el efectivo goce de los derechos humanos, pero que ello no se limita a las actuaciones estatales exclusivamente, pues los deberes de respeto, por ejemplo, se extienden a actores privados como las empresas, quienes mediante acciones afirmativas también coadyuvan y materializan este fin.

De igual forma, vemos cómo desde una óptica regional se ha identificado a las empresas como actores que han incidido en la estigmatización de la labor de quienes protegen y defienden los derechos humanos o su persecución y por ello se exige de estas no solo la abstención de esos actos (obligaciones negativas), sino que adelanten acciones positivas para reivindicar el rol social de los defensores y a su vez cumplir con sus deberes de respeto.

Finalmente, este informe se presenta como un importante avance para el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección de personas en la región, siempre que se adecuen las recomendaciones formuladas por la Comisión a las realidades nacionales, y se tengan en cuenta los precedentes negativos que han existido para repensar el rol de los actores no estatales de cara a la protección de los derechos de las personas defensoras, líderes sociales y comunidad en general, que día a día, a pesar del contexto de riesgo e inseguridad al que se encuentran expuestos, pretenden reivindicar una lucha por la igualdad, el respeto y la protección de la vida como valor fundamental de la sociedad.   

[1] La comisión realizó esta consideración con base en un informe del OACNUDH de 2016.

[2] Véase Corte Constitucional: auto 092 de 2008, auto 004 y 005 de 2009 y Decreto 4912 de 2011.

Desde 1998 el CIDH ha venido trabajando sobre lo que hoy denomina “política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos” en las américas, que, naciendo como un informe temático, se articula mediante informes de país que analizan de manera concreta los desarrollos de la región en este contexto. 

“(…) es importante que los Estados establezcan un marco legal claro que prevea sanciones contra empresas que se encuentren involucradas en abusos contra personas defensoras de derechos humanos.” CIDH.

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